La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) lanzó una alerta urgente sobre la situación financiera y operativa de la Nueva EPS, al advertir que la crisis que atraviesa la entidad ya debe considerarse una emergencia humanitaria a nivel nacional, debido al impacto directo que está teniendo sobre millones de usuarios del sistema de salud.
Según el gremio farmacéutico, el deterioro de la Nueva EPS se ha profundizado pese a la intervención estatal iniciada en abril de 2024. De acuerdo con cifras citadas por AFIDRO y la Contraloría General de la República, la deuda de la EPS aumentó cerca de un 198 %, pasando de 5,42 billones de pesos en 2022 a más de **21 billones de pesos en 2025. A esto se suma un patrimonio que pasó de ser positivo a negativo en más de 6 billones de pesos, lo que evidencia, según el gremio, una inviabilidad estructural.
AFIDRO señaló que esta situación no solo es un problema contable, sino que ya está afectando gravemente la atención en salud. Entre las consecuencias más críticas están los embargos superiores a los 2 billones de pesos, las dificultades en el pago a prestadores y proveedores, y el incremento de las quejas de los usuarios, que habrían crecido más del 100 % en el último año.
El gremio advirtió que los retrasos en los pagos ponen en riesgo la entrega oportuna de medicamentos, la continuidad de tratamientos y el acceso a servicios médicos, lo que impacta directamente a los cerca de 11,7 millones de afiliados de la Nueva EPS en todo el país.
Ante este panorama, AFIDRO insistió en que la crisis ya no puede abordarse únicamente desde lo administrativo y pidió al Gobierno Nacional adoptar medidas extraordinarias. Entre sus propuestas están la creación de una mesa técnica de emergencia, la implementación de giros directos y trazables de recursos desde la ADRES, un plan de contingencia para garantizar el suministro de medicamentos y auditorías externas que permitan conocer la situación real de la entidad.
Finalmente, la asociación hizo un llamado urgente a las autoridades para actuar de manera inmediata y evitar que el colapso financiero de la Nueva EPS derive en un riesgo mayor para la salud y la vida de millones de colombianos.
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